La Defensoría del Pueblo elevó un crítico informe al Comité de Crisis sobre las condiciones de vida detectadas en los centros de evacuados de nuestra ciudad. Advierten sobre el riesgo físico y moral de las personas allí alojadas.
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a través de un equipo de profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima, realizó un amplio relevamiento en los centros de evacuados ubicados en: Av. Peñaloza y Castelli, Carpas de La Florida, Estación FF.CC Mitre, galpones de Martino Baretta, club Teléfonos, Estación FF.CC Belgrano y predio Ferial Municipal. Allí permanecen alojadas más de 1.000 personas. Las últimas cifras oficiales para toda la ciudad, indican que en esa condición se encuentran 4.628 santafesinos distribuidos en 77 lugares.
El trabajo fue realizado entre el 11 y 14 de junio pasado, y sus conclusiones fueron elevadas al ministro de Gobierno Carlos Carranza, mediante oficio N° 12.528 del Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Feruglio.
En la nota de presentación, se informa sobre “la existencia de diversas falencias y carencias que en la actualidad se presentan en los Centros de Evacuados mencionados (necesidades sanitarias, alimentarias, educativas, deficientes condiciones de habitabilidad) y que requieren la inmediata atención y solución por parte del Estado Provincial a través de sus áreas competentes”.
El trabajo de campo del equipo del Centro de Asistencia a la Víctima detectó varios problemas a resolver. Falta de colchones y frazadas, ausencia de un responsable estatal, deficiente estructura sanitaria y grave exposición al frio.
Para el caso del predio de Av. Peñaloza y Castelli, se consigna que allí viven 93 alojadas en cubículos familiares construidos de material sólido. “Los habitáculos carecen de luz individual. En el galpón subdividido la luz central permanece encendida durante todo el día, provocando trastornos en el sueño de los niños, por cuanto los boxes han sido techados con plástico transparente por donde filtra la luz y el frío”. El informe agrega que, “en forma urgente deberá garantizarse el derecho de los niños evacuados a la escolaridad”.
Pero la situación más indignante fue encontrada en la vieja estación del ferrocarril Mitre. Allí permanecen alojadas casi 100 personas, provenientes de barrio Chalet, 12 de Octubre y Santa Rosa de Lima. La única referencia estatal que existe en el lugar, fue identificada por los evacuados apenas como “la rubiecita del Comité de Crisis”, que los visita por algunos momentos y transmite sus inquietudes sin mayores resultados. No disponen de duchas, ni de colchones, y la energía eléctrica fue conectada por ellos mismos. El lugar se encuentra sucio, desordenado y “ocupado en el mismo estado de abandono que tenía antes de la catástrofe”.
El informe concluye, que el lugar, “no constituye un centro de evacuados, sino un depósito de personas que han sido libradas a su suerte”. Reclamando a las autoridades su normalización o su traslado. “De no hacerse así en forma urgente, deberá llamarse la atención sobre el riesgo físico y moral en que se encuentran las personas que allí viven y la violencia cierta que representa tal situación”.
Consejos antes del escándalo
Si en el corto plazo, las autoridades del Comité de Crisis no resuelven las situaciones denunciadas, la Defensoría del Pueblo podría formular un reproche más grave. Para evitar este escándalo, que en otros casos ya dio origen a intervenciones judiciales, el informe se completa con un conjunto de recomendaciones.
En ellas se destaca la necesidad de “definir e informar con claridad a los evacuados sobre las medidas a tomar frente a sus situaciones particulares: alcances del beneficio-subsidio económico a otorgar, posibilidades de reubicación futura” para aquellas familias que no puedan volver a sus hogares.
Se advierte sobre la suspensión de la asistencia psicológica, señalando que los servicios actuales han quedado reducidos a salud y alimentación. “En tal sentido se recomienda restablecer e intensificar el acompañamiento de estas personas, que constituyen el grupo más desamparado dentro del universo de la catástrofe”.
El informe califica como “inexplicable” que a casi dos meses de la inundación los centros de evacuados carezcan de un responsable oficial presente durante toda la jornada. Señala que no se puede confiar esta responsabilidad a los voluntarios, porque se estaría “duplicando la inseguridad jurídica tanto para los damnificados como para los voluntarios”.
Finalmente, se advierte que si esta situación no se revierte, “cabrá interpretar la actual realidad de los centros de evacuados como el propósito de comprimir su población en pocos lugares, donde no causen molestias ni obstaculicen otras tareas, persiguiendo que lentamente cada grupo vaya buscando soluciones individuales por fuera de la responsabilidad estatal y una superficial normalización de la comunidad santafesina”
Autor: Pablo Bosch para Datasantafe
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